Santo Domingo, R.D., 20 de octubre 2026 – La directora general de Desarrollo Social Supérate, Mayra Jiménez, destacó la importancia de las políticas públicas de protección social implementadas en la República Dominicana para reducir el hambre y avanzar hacia la seguridad alimentaria, al señalar que el país ha alcanzado un indicador de subalimentación inferior al umbral de referencia del 2.5 % establecido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Entrevista en el programa Sin Rodeos Radio, por La Bakana 105.7 FM, Jiménez explicó que salir del mapa del hambre no significa que el problema haya desaparecido por completo, sino que la prevalencia de la subalimentación se sitúa por debajo del umbral establecido. En ese sentido, indicó que el país registra alrededor de un 2.2 %, por lo que persiste el desafío de garantizar el acceso a los alimentos a las familias que todavía enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

Subrayó que este resultado no debe atribuirse exclusivamente a una sola administración, sino que responde a un proceso de trabajo sistemático desarrollado por la República Dominicana durante las últimas dos décadas, mediante políticas públicas dirigidas a reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la población.

No obstante, destacó que durante la gestión del presidente Luis Abinader se ha ampliado la inversión pública destinada a la protección social, aumentando la cobertura de los programas dirigidos a los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Como ejemplo, señaló que la cobertura de los programas sociales hoy impacta a 1,430,000 hogares, al tiempo que se incrementó el monto del subsidio del programa Aliméntate, destinado a contribuir a la compra de alimentos.

Asimismo, resaltó la expansión del Bonogás, que actualmente alcanza a alrededor de 1.2 millones de hogares.

Jiménez explicó que este apoyo permite reducir la presión de los gastos domésticos y disponer de más recursos para cubrir las necesidades alimentarias de las familias.

En cuanto al Bonoluz, indicó que unas 600,000 familias reciben apoyo para afrontar parte de sus gastos de electricidad, lo que contribuye a liberar recursos para otros bienes y servicios esenciales.

Jiménez sostuvo que la reducción del hambre también está vinculada con otros factores económicos y productivos, entre ellos el incremento de los salarios y del poder adquisitivo de los trabajadores, así como las políticas de apoyo al campo mediante incentivos y facilidades de crédito para los productores agropecuarios.

Estos esfuerzos, explicó, contribuyen tanto a mejorar la capacidad de compra de los hogares como a fortalecer la disponibilidad de alimentos en el país.

La directora general de Supérate destacó, además, que la República Dominicana forma parte del grupo de países de América Latina y el Caribe que han alcanzado este indicador, junto con Chile, Costa Rica, Brasil y Guyana, según la relación mencionada en sus declaraciones.

Enfatizó que este avance debe asumirse como un punto de partida para consolidar un compromiso nacional y permanente, que involucre al Estado, los distintos gobiernos y la sociedad dominicana en la lucha contra el hambre.

“Quizás ninguna política pública sea tan humana, tan justa y tan necesaria como poder poner en la mesa comida para quien no la tiene. Nadie merece estar en condiciones de hambre”, expresó Jiménez.

Dijo que el desafío consiste en continuar fortaleciendo las políticas de protección social y las iniciativas de desarrollo productivo para avanzar hacia una sociedad en la que todas las personas tengan acceso a una alimentación suficiente y digna.